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La batalla sobre la cantidad que paga la radio en concepto de tasas reguladoras anuales se ha vuelto más polémica en los últimos años, ya que el sector se ha quejado de que está pagando la factura de una serie de trabajos que se realizan dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones y que no tienen nada que ver con la radio. Este año, las emisoras han recibido un aumento del 8% en sus tarifas anuales, tras el aumento del 9% del año anterior. Lo que los radiodifusores consideran una sanción injusta está recibiendo atención en el Capitolio.

En una serie de cartas, casi un centenar de congresistas han escrito a la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, para cuestionar cómo determina la agencia las cuotas de las emisoras de radio. En una carta firmada por más de cinco docenas de miembros de la Cámara de Representantes, afirmaron que la propuesta original de la FCC sobre la radio, que habría aumentado las tasas anuales en un 13% este año, era un aumento "desproporcionado", teniendo en cuenta que el presupuesto de la agencia aumentó en un dos por ciento en general y algunas otras industrias están pagando menos.

Las tasas reguladoras de la FCC por sector se basan en el número de empleados equivalentes a tiempo completo de una determinada oficina, y los congresistas sugirieron que la FCC no estaba teniendo en cuenta la parte de la ley federal que también exige que se tengan en cuenta los beneficios proporcionados al sector que extiende el cheque.

"La discrepancia entre el aumento que se propone imponer a las emisoras y los aumentos mucho menores en otras industrias plantea dudas sobre la justicia y la equidad básicas de la propia propuesta", escribió el senador Joe Manchin (D-WV) en una carta separada. "Parece que se pide a las emisoras locales y rurales que subvencionen la regulación de otras industrias sin recibir el correspondiente aumento o mejora de las actividades específicas de la Comisión", dijo Manchin.

Pero mientras el Congreso estudia varios proyectos de ley que ayudarían a promover el periodismo local, los legisladores también relacionan las subidas de tarifas de la FCC con lo que sale de los altavoces. Señalan que la radio es gratuita y no puede trasladar los costos a su audiencia, a diferencia de muchas industrias que la FCC regula. Los miembros de la Cámara dijeron que los fuertes aumentos de las tasas anuales tienen "impactos directos" en lo que las estaciones pueden poner en el aire. "Para las pequeñas emisoras que ya operan con presupuestos reducidos, los aumentos injustificados de las tasas pueden afectar a su capacidad para cubrir ciertos eventos o, en algunos casos, para seguir en el aire", escribieron.

En una serie de cartas respondiendo al Congreso, Rosenworcel no discute los cálculos, pero dice que la FCC ha aplicado sistemáticamente la misma metodología para calcular las tasas de regulación. Dice que la Comisión también optó por dar a los radiodifusores algún alivio de los costos asociados con la aplicación de los mandatos no relacionados con la industria de la radiodifusión - una medida que redujo el aumento del 13% al 8%. Rosenworcel dijo que no hay mucho más que la FCC pueda hacer bajo la ley actual, a pesar de estar de acuerdo en que la radiodifusión es "un servicio único e importante" que se ha enfrentado a desafíos, especialmente en las zonas rurales. "Los pagadores de la radiodifusión son únicos, ya que no pueden trasladar sus costes a sus audiencias. Lamentablemente, la ley no aborda directamente esta situación", dijo.

Rosenworcel también señaló que cuando la Comisión adoptó sus tasas anuales definitivas para 2022, también inició una investigación para revisar su proceso de evaluación y recaudación de las tasas reguladoras en general.

"Creo que los titulares de licencias deben participar en el proceso de evaluación de las tasas", dijo Rosenworcel. También dijo a los legisladores que está abierta a trabajar con ellos para explorar cambios legislativos que garanticen una evaluación "equitativa" de las tasas anuales en todas las industrias, incluida la radio. "Estoy comprometida con una metodología justa, fiable y transparente que sea coherente con la ley y apoye las necesidades presupuestarias esenciales de la agencia", dijo.